El Comercio
July 15, 2005
‘There is a grave problem of the surrender of the accounts”
Interview: Rene Ortiz – President of the Hydrocarbon Industry Association
The Huaorani nation is asking that Petrobras leave its territory. They want a moratorium on petroleum activity in the Amazon. Is this a threat to the petroleum companies?
Since the change of Government, there has been in evidence an increase of the belligerence of the indigenous communities of the Amazon, who are arguing for a moratorium. This is a theory of Accion Ecologica (NGO), which is no longer a novelty for me. But I believe that in a country like Ecuador and in any other civilized country, the theory has to be respected.
I Respect the theory. And how will you reach agreements?
This theory has been promoted, of course, by the leaders of the communities that are very far from the center of government in Quito, they are in Sucumbios, in Orellana… If they are far away, they do not have relation with the Government and these communities are a favorable medium to cultivate this theory. Then some leaders and communities have adopted it, but others have not.
The Amazonian communities ask for care and respect for the biodiversity of their territory, but also that the oil companies repay them with works on the part of those that gain from the oil exploration…
The demands of the oriental provinces – and of Esmeraldas which has begun to demand as well– have to hold the constitutional principles (art. 18 of the Constitution) that no one could demand anything further than that is established in the law. The government has to make an analysis of the economic impact of Law 10 (Amazon Regional Ecodevelopment Fund) and of Law 40 (pumping of Sote).
Because of these two laws 569 million dollars have been gained in the last 13 years. Has this money been well spent?
In Law 10, it is established that 80% of the income for this investment has to be destined for social works… And the major concern is that in the Oriente there does not exist a road with reasonable transportation. Here there is a grave problem of the surrender of accounts.
But provinces such as Sucumbios and Orellana follow by asking for money from the Central Government for paving roads… What do you suggest?
In a meeting that we held with the ministers of the Government, Economy and Energy it was urged to the the Controller of the State that a transparent audit of the use of the resources be conducted. Morevoer, we suggested to the government that before the new negotiations, that an audit of the money received by the municipalities this year from Law 10 is made.
They are not able to revise the deposits for other purposes?
There are various additional contributions that the oil companies have made, such as the 1.5% for fixed activities, the municipal patent, the imposition of the contracts of the donation of services….
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EN ESPANOL
El Comercio
Hay un grave problema de rendición de cuentas’
Entrevista: René Ortiz
Presidente de la asociación de la industria hidrocarburífera
La nacionalidad huaorani está pidiendo que Petrobras se vaya de su territorio. Quieren una moratoria a la actividad petrolera en la Amazonia. ¿Esto es una amenaza para las compañías petroleras?
A partir del cambio de Gobierno se evidencia un crecimiento de la beligerancia de las comunidades indígenas de la Amazonia, reclamando una moratoria. Esa es una tesis de Acción Ecológica (ONG) que para mí ya no es una novedad. Pero creo que en un país como Ecuador y en cualquier otro civilizado, las tesis tienen que ser respetadas.
Respeto a las tesis ¿Y cómo aterrizar acuerdos?
Esa tesis la han ido promoviendo, por supuesto, en los líderes de las comunidades que están muy alejadas del centro de gobierno que es Quito o de Sucumbíos, en Orellana... Si están alejadas, no tienen relación con el Gobierno y estas comunidades son un caldo de cultivo favorable para recibir esta tesis. Luego algunos dirigentes y comunidades la han adoptado, pero otros no lo hacen.
Las comunidades amazónicas piden respecto y cuidado a la biodiversidad de su territorio, pero también que las petroleras retribuyan con obras una parte de lo que ganan con la explotación hidrocarburífera...
Las demandas de las provincias orientales - y de Esmeraldas que ha comenzado a reclamar- tienen que sujetarse al principio constitucional (art. 18 de la Constitución) de que a nadie se puede exigir más allá de lo establecido en la Ley. El Gobierno tiene que hacer un análisis del impacto económico de la Ley 10 (Fondo de Ecodesarrollo Regional Amazónico) y de la 40 (bombeo por el Sote).
569 millones de dólares aportados en 13 años por esas dos leyes. ¿Se gastó bien ese dinero?
En la Ley 10 se establece que el 80 por ciento de lo generado por este impuesto se tiene que destinar a obras viales... Y la gran preocupación es que en el Oriente no existe una vialidad razonablemente transportable. Así que allí hay un grave problema de rendición de cuentas.
Pero provincias como Sucumbíos y Orellana siguen pidiendo dinero al Gobierno central para asfaltar calles... ¿Qué sugiere?
En una reunión que mantuvimos con los ministros de Gobierno, Economía y Energía se exhortó al Régimen para que solicite a la Contraloría del Estado una auditoría que transparente el manejo de los recursos. Es más, sugerimos al Gobierno que antes de nuevas erogaciones se realice una auditoría del dinero que por la Ley 10 recibirán los municipios y prefecturas en este año.
¿No se pueden revisar ingresos por otros tributos?
Hay varias contribuciones adicionales que hacen las petroleras, como el 1,5 por ciento por 1 000 por activos fijos, la patente municipal, el impuesto por los contratos de prestación de servicios...
Viernes, 15 de Julio del 2005 |
