Redacció QUITO– El Comercio

Las primeras reacciones oficiales sobre la polémica entrega de la licencia ambiental a Petrobras empiezan.

Ayer, Ana Albán, ministra del Ambiente, anunció, en un escueto boletín de prensa, que auditará el permiso ambiental autorizado a la petrolera en el Bloque 31, en territorio del Parque Nacional Yasuní.

Según la comunicación, Albán solicitó a la Contraloría General del Estado que audite lo actuado por el
Ministerio durante el Gobierno anterior, con relación al otorgamiento de la licencia ambiental a Petrobras.

También se revisará el uso de los recursos proporcionados por la petrolera brasileña para la ejecución del programa de seguimiento y monitoreo socio-ambiental de la fase constructiva del plan de desarrollo y producción del Bloque 31.

Albán también pidió que la Ministra Fiscal General investigue si existieron infracciones penales.

Según el documento, Ana Albán dispuso que se efectúe un inventario de los bienes adquiridos por las anteriores administraciones del Ministerio del Ambiente con los recursos entregados por Petrobras, “a fin de que estos sean usados exclusivamente para los fines y condiciones establecidos en la licencia ambiental”.

Este Diario intentó hablar con Albán para conocer cuál será el destino del Jeep Toyota que ella utiliza y que fue comprado con el dinero de Petrobras pero en el despacho se dijo que estaba en una reunión.

Mientras esta situación se aclara, la presión al Ministerio aumenta. Ayer se inició una nueva campaña para pedir una discusión amplia de la autorización a Petrobras.