El Comercio

They Have the Support of the Community

"These groups [loggers] can stay a little more than two months," confirms Alonso Jaramillo, director of the Yasuní National Park.

Within a few minutes, two companions of Luis M. arrived. They were all in the camp, the logging base. Jaramillo informed them that logging trees in that location is illegal.

The loggers said that to enter the Untouchable Zone (zona intangible, or ZI) they had to pay the Waorani communities. "We paid $400. And to exit we paid $2 a plank. Sometimes it was $400 per canoe."

The tense return journey lasted 10 hours. It was like having "the cat and the rat together in a canoe," said Jaramillo. Upon arriving at the gate, on the Shiripuno River bridge, at 10:45 pm, the loggers began to whistle and yell. People responded, "Is everything okay?" And from the canoe came the reply: "Call the people and call María."

On land, the men were about to be arrested. But a Waorani woman, María Kawilla, appeared to defend the loggers. She lashed out at the police and at Jaramillo for doing the operation without her authorization. "Nobody can enter by this river without the permission of my community [Ñoneno]," she said. In the face of that proclamation, the police took no action.

General Fabián Narváez, commander of the 4th Division of the Amazon Army, confirmed that there had not been operations within the ZI. "We don't have permission to access that area. We are looking to implement checkpoints in Tiguino and on the bridge over the Shiripuno River."

But in those zones there is no forest control from the military or the police. Narváez said, "We have more than our task to accomplish, and our activity is distracted by public disorder."

On the patio of the police station in Coca are 51 cedar planks, or 50 cubic meters of wood. They were seized before the forest was closed to logging, according to the Environmental Police of Orellana.

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EN ESPAÑOL

El Comercio

Ellos tienen el respaldo de la comunidad

'Estos grupos (taladores) pueden permanecer un poco más de dos meses", confirma Alonso Jaramillo, director del Parque Nacional Yasuní.

Luego de unos minutos, dos compañeros de Luis M. llegaron. Todos estaban en el campamento, desde donde extraían madera. Jaramillo les indicó que cortar árboles en este lugar es ilegal.

Ellos contaron que para ingresar a la Zona Intangible pagaron a las comunidades huoranis. "Cancelamos USD 400. Y al salir damos USD 2 por cada tablón. A veces sacamos 400 por canoa".

El tenso viaje de retorno duró 10 horas. "El gato y el ratón juntos en una canoa", señaló Jaramillo. A la llegada al puerto, en el puente del Shiripuno, a las 22:45, los madereros empezaron a silbar y a gritar. Les respondieron: ¿Todo bien? Y el pedido desde la canoa fue: "Llama a la gente y a la María".

En tierra se intentó detener a los hombres. Pero apareció una mujer huaorani (María Kawilla), que defendió a los madereros. Y fustigó a la Policía y a Jaramillo por realizar un operativo sin su autorización. "Nadie puede entrar por este río sin el permiso de mi comunidad (Ñoneno)", señaló. Ante ello la Policía no hizo nada.

El general Fabián Narváez, comandante de la IV División de Ejército Amazonas, confirmó que no se han realizado operativos dentro de la zona intangible. "No tenemos facultad para acceder allá. Buscamos implementar controles en Tiguino y en el puente sobre el río Shiripuno".

Pero en esas zonas no existe ningún control forestal, militar ni policial. Narváez señala: "Tenemos más de una tarea que cumplir y nuestra actividad es distraída por desorden público o las medidas de hecho que se producen".

David Ahua, presidente de las Nacionalidades Waoranis del Ecuador, asegura que constantemente se trabaja con las comunidades para que los negociados con madereros terminen.

En los patios de la Policía, en la ciudad de Coca, permanecen 51 tablones de cedro. Esto representa 50 m3. Fueron incautados antes de la veda forestal, según la Policía de Medio Ambiente de Orellana.