El Comercio
Nine Forest Rangers Guard the 900,000 Hectares of Yasuní National Park
Nine forest rangers, with scarce means and budgets, guard the more than 900,000 hectares of Yasuní National Park. They protect the jungle itself as well as the voluntary isolation of several primitive tribes that live in the park, which is the largest and the most important natural reserve in Ecuador
The personnel from Ecuador’s Ministry of the Environment assigned to guard the park total eleven: “nine rangers in three posts, plus an administrator and a secretary,” ranger Eduardo López, 56, explained to a group of journalists.
“We here are nothing without the support of the Police and the Army,” added López. He indicated that despite the ban on logging declared last month by President Rafael Correa, illegal logging in the north of Yasuní, where López is stationed, has not decreased.
Correa decreed the logging ban on April 26, during a visit to the Ecuadorian Amazon. Over a decade ago, private sources calculated that there were close to 11 million hectares of tropical forest, but in recent years deforestation has ruined around 200,000 hectares annually.
Yasuní National Park, an Amazon moist forest, is considered one of the most biodiverse areas of the world. However, it is also extremely fragile and easily degradable by human activities.
López’s post is located in the village of Taracóa, some 15 km north of Yasuní and 30 km south of Francisco de Orellana, the capital of the western Amazonian province of Orellana. From there, he and his team of three forest rangers make three trips a month into the park, trying to stop any logging and unauthorized visits.
Neither the Army nor the Police have increased their patrols there since the logging ban was declared. But López states that in other areas of the Amazon, such as “Lago Agrio, Santa Cecilia and Baeza,” they have increased patrols to ensure that wood does not leave the country for Colombia, or through the port of Guayaquil, where it is exported to the U.S. and Europe.
“The most valuable [wood] here is cedar,” said López, who believes his work is not effective because there are no available methods for stopping the wood trade.
Even the loggers from whom wood is confisticated can recuperate it at low prices in the auctions that authorities organize to sell the seized wood.
In López’s opinion, an effective Police or Army checkpoint on the Napo River Bridge in Orellana, through which almost all the wood transported by river must pass, would stop the wood trafficking – but such a control has not been implemented.
According to López, cedar is almost extinct in the local forests, since it is the most valued wood. It is removed from the forest in planks, and then floated downriver to bridges. There, the wood is removed and put on trucks that carry it to exportation centers, with false or no documentation.
López, who earns $280 a month as a ranger, notes that there are economic interests that impede effective controls. Such interests supposedly include soldiers, police, authorities, and even some indigenous Waorani, of whom hundreds live in and around the park.
Some Waorani have established agreements with small bands of loggers, allowing them to cut cedar and transport it to the rivers. Prices can range over a dollar a plank, for trees that contain up to 500 planks and that, outside of the country, can cost thousands of dollars.
Just like the oil activities that also occur in the park, logging activities gravely affect the small communities of uncontacted indigenous peoples who live in voluntary isolation in the area. These groups are constantly endangered by encroaching extractive activities, and within a few years they could disappear entirely due to violence and diseases from the outside world
______________________________ EN ESPAÑOL
El Comercio
Nueve guardabosques vigilan las 900 000 hectáreas de parque Yasuní en Ecuador
Nueve guardabosques, con escasos medios y presupuesto, vigilan las más de 900 000 hectáreas del Parque Nacional Yasuní, para proteger la selva y el aislamiento voluntario de algunos pueblos primitivos que habitan la mayor y más importante reserva natural de Ecuador.
En total, el personal del Ministerio de Ambiente de Ecuador destinado a vigilar el parque suma "nueve guardas en tres puestos, con un administrador y una secretaria, con los que somos once", explicó a un grupo de periodistas Eduardo López, de 56 años, uno de los vigilantes.
"Nosotros aquí no somos nada sin el apoyo de la Policía y el Ejército", agregó López, y señaló que, pese a la veda declarada el pasado mes en la tala de árboles por el presidente del país, Rafael Correa, la actividad ilegal no ha decrecido en la zona norte del Yasuní, donde ejerce su actividad.
El 26 de abril pasado, Correa decretó la veda en la tala de maderas durante una visita a la región amazónica ecuatoriana, donde hace una década entidades privadas calculaban que había cerca de 11 millones de hectáreas de bosque y selva y que la deforestación en los últimos años ha sido de cerca de
200.000 hectáreas anuales.
El Yasuní, un bosque amazónico húmedo inundable,está considerado una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, pero también de extrema fragilidad y de fácil deterioro ante la actividad humana.
El puesto de López se encuentra en el poblado de Taracóa, a unos 15 kilómetros al norte del Yasuní y a 30 al sur de Francisco de Orellana, la capital de la provincia amazónica oriental de Orellana, desde donde él y su equipo, compuesto por tres guardabosques, realizan tres recorridos mensuales por el parque, para tratar de evitar la tala de árboles y las visitas no autorizadas.
Ni el Ejército ni la Policía han aumentado allí los controles desde la declaración de veda, aunque López asegura que, en otros lugares de la Amazonía, "en Lago Agrio, Santa Cecilia y Baeza", sí hay más para evitar que salga la madera hacia Colombia o el puerto de Guayaquil, desde donde se exporta a EEUU y Europa.
"La más preciada aquí ha sido el cedro", señaló López, quien considera que su trabajo no es efectivo, pues no se han adoptado medidas para evitar el tráfico de madera.
Incluso los traficantes a los que se les decomisa la madera la pueden recuperar a bajo precio en las subastas que organizan las autoridades con los lotes incautados, explicó López.
Según él, un control efectivo de la Policía o el Ejército en el puente sobre el río Napo en Francisco de Orellana, por donde pasa casi toda la madera que se extrae por el río, detendría el tráfico, pero el control no se hace.
El cedro, según López, ya casi se ha extinguido en estas selvas, debido a que es la madera más preciada, y se saca en tablones, que se bajan por río hasta los puentes, donde se desembarcan y se trasladan a camiones que la transportan a centros de exportación, con guías falsas o sin guías.
López, que cobra 280 dólares de sueldo al mes, apunta que existen intereses económicos, en los que supuestamente están involucrados militares, policías, autoridades y también los indígenas huaorani, de los que varios cientos viven en la zona del parque y sus alrededores, que impiden un control efectivo.
Son los huaorani los que establecen acuerdos con pequeñas cuadrillas de madereros para que corten el cedro y lo trasladen al río, por un precio que puede ser de alrededor de un dólar el tablón, en árboles que pueden tener hasta 500 tablones, que fuera del país pueden llegar a costar miles de dólares.
La actividad maderera, además, lo mismo que la petrolera que se lleva a cabo en el parque, afecta a las minúsculas comunidades de indígenas ocultos, en aislamiento voluntario, que viven en la zona, que cada vez están más cercados y que podrían legar a desaparecer en pocos años por la violencia o las enfermedades del mundo exterior.
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