La Hora

Reports of an Alleged Slaughter of Indigenous Tarnishes Human Rights Mission in Ecuador
Tuesday, May 2, 2006
Quito, (AFP)-

A confrontation in the Ecuadorian Amazon that left two indigenous women dead, and may have as many as 30 victims according to ecological groups other Indigenous, cast a shadow over the visit of the UN Special Rapporteur, who paradoxically was looking into the situation of the country’s indigenous.

Rodolfo Stavenhagen, UN Special Rapporteur on the Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, last Tuesday began an eight day visit to Ecuador to evaluate the state of human rights in the country’s communities. The visit faltered last Saturday with reports of an alleged massacre of Indigenous in the Pastaza Province (southeast).

The NGO Acción Ecológica and the indigenous movement Ecuarani reported the shooting death of two indigenous women during an encounter with alleged loggers in Yasuní National Park, under the special protection of the State.

“The victims were from the Taromenane community, that has remained isolated by choice, and their bodies had bullet wounds, but a massacre is feared that they tell us led to some thirty deaths,” stated Marcelo Orellana, Acción Ecológica’s Human Rights Consultant, to the AFP.

According to Orellana, this most recent version comes from petroleum employees that work in the Indigenous reserve.

To confirm the murder of the two women, Humberto Cholamgo, President of Ecuarani, added that the higher number of victims has been heard via word of mouth from a “Catholic Mission” that is in Yasuní.

“We have confirmed the shooting deaths of the two women, and versions of the story from a Catholic Missionary talk about up to thirty dead,” affirmed the director of AFP.

A commission formed by the Defense Minister, Oswaldo Jarrín, and the Environmental Minister, Ana Albán, traveled Saturday to the zone of forest to verify what had happened, said Carmen Santillán, spokesperson for the Ministry, who did not comment on the details.

“Its sad and paradoxical that these things are happening when the UN, through their Special Rapporteur Stavenhagen, is ascertaining the condition of Indigenous communities and the inability of the State to protect them,” commented Orellana.

The activist added that if the slaughter proves true, “the Taronmenane will be in grave risk of extinction because, without an official census, it is believed that the community is formed by some 100 members.”

“This community has been the victim of loggers for years. The loggers illegally enter zones that have special protection,” said Orellana.

According the newspaper Express, the UN delegate “had already been informed” of the events in Pastaza, even though no official statement had been made.

In June of 2003, sixteen indigenous Waorani were murdered by other indigenous in this same province. The act seemed to be ordered by loggers, who paid the indigenous in gasoline and guns.

And barely two weeks ago, a logger died and another is still in critical condition after a spear attack in the neighboring province of Orellana (this one on the border with Perú).

“We are asking for a pronouncement from the UN High Commission for Human Rights in relation to these events, because the state has not enacted adequate measures to protect the Indigenous Territories,” added the consultant from Acción Ecológica.

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EN ESPAÑOL

Denuncias sobre supuesta matanza indígena empañan misión de DDHH en Ecuador

Martes, 2 de Mayo de 2006
QUITO,  (AFP) -

Un enfrentamiento en la Amazonia ecuatoriana que dejó dos mujeres indígenas muertas, aunque grupos ecológicos y nativos temen que sean 30 las víctimas, ensombreció la visita del alto relator de la ONU, quien paradójicamente verifica la situación de los aborígenes en el país.

Rodolfo Stavenhagen, relator de la ONU para los pueblos indígenas, inició el martes una visita de ocho días a Ecuador para evaluar la situación de los derechos humanos de las comunidades por invitación del gobierno, en una labor de observación que tropezó este sábado con las denuncias sobre una supuesta matanza aborigen en la provincia de Pastaza (sureste).

La ONG Acción Ecológica y el movimiento indígena Ecuarunari reportaron la muerte a balazos de dos mujeres nativas durante un enfrentamiento entre etnias o con supuestos madereros en el Parque Nacional de Yasuni, bajo protección especial del Estado.

"Las víctimas pertenecen al pueblo Taromenani -que han permanecido aislados por voluntad propia- y sus cuerpos presentan heridas de bala, pero lo que se teme es que haya habido una masacre que nos dicen pudo causar unos 30 muertos", declaró a la AFP Marcelo Orellana, consultor de derechos humanos de Acción Ecológica.

Según Orellana, esta última versión proviene de trabajadores petroleros que operan en la reserva indígena.

Al confirmar el asesinato de las dos mujeres Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, agregó que la sospecha sobre un elevado número de víctimas la conoció por boca de "una misión católica" que está en Yasuni.

"Tenemos confirmado el asesinato de dos mujeres por heridas de bala y versiones de una misión católica hablan de hasta 30 muertos", afirmó el dirigente a la AFP.

Una comisión encabezada por los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Ambiente, Ana Albán, se trasladó este sábado a la zona selvática para verificar lo ocurrido, dijo la portavoz de la segunda cartera, Carmen Santillán, quien no realizó comentarios sobre los hechos.

"Es lamentable, y no deja de ser paradójico, que estas cosas ocurran cuando la ONU, a

través de su relator Stavenhagen, constata la situación de los pueblos indígenas y la inoperancia del Estado para protegerlos", comentó Orellana.

El activista agregó que de confirmarse la matanza "los Taromenani quedarían en grave riesgo de extinción por cuanto, sin que haya un censo oficial, se cree que la comunidad está conformada por unos 100 miembros".

"Este pueblo está siendo víctima desde hace años de las agresiones de madereros, que actúan de manera ilegal en estos territorios donde no deberían ingresar por ser zonas especialmente protegidas", expresó Orellana.

Según el diario Expreso, el delegado de la ONU "ya fue informado" sobre los hechos en Pastaza, aunque todavía no ha emitido ningún pronunciamiento.

En junio de 2003, 16 indígenas huaoranis fueron asesinados por otros aborígenes en esa misma provincia, al parecer por pedido de madereros que a cambio les pagaron con gasolina y armas.

Y hace apenas dos semanas, un talador de bosque murió y otro quedó gravemente en un ataque con lanza de indígenas en la vecina provincia de Orellana (este, en la frontera con Perú).

"Estamos pidiendo un pronunciamiento de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con relación a esto, porque el Estado ha omitido medidas adecuadas para la protección de territorios indígenas", añadió el consultor de Acción Ecológica.